¿Qué conexión existe entre la situación de pobreza generalizada que vive la población argentina actualmente y la implementación estatal del Pacto internacional relativo a los derechos económicos y sociales ? ¿Podría utilizarse el Pacto como marco de referencia y de intervención para atenuar los efectos de la crisis económica argentina sobre las personas ? Las posibles respuestas a estas interrogantes son múltiples y variadas, además de estar determinadas por el lugar que ocupan los instrumentos jurídicos internacionales relativos a los derechos humanos en la agenda gubernamental argentina. Sin pretender responder cabalmente a cada una de esas interrogantes, el propósito de la presente es de explorar las causas del empeoramiento reciente de los derechos económicos y sociales de la población argentina, equidistantemente con el estado de la implementación del Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales 1, del cual la Argentina es parte.

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